Se trata de una normativa que permite iniciar una nueva forma de comunicación electrónica y de interoperabilidad para acceder en forma más fluida a la información y a los principales servicios que proporciona el Organismo Contralor, permitiendo la reducción de los tiempos de tramitación y la eliminación de papeles, junto con ampliar el acceso y cobertura actual. La resolución que comenzará a regir en plenitud el 1º de enero de 2007, en armonía con lo previsto en la Ley No 19.799 y sus Reglamentos, establece las formalidades y requisitos que deben cumplir los documentos electrónicos de los órganos públicos y de los particulares para su ingreso en la Contraloría General, regulando también la respuesta electrónica que adoptará esta Institución. En todo caso, su aplicación tendrá lugar en forma progresiva a los diferentes servicios públicos.
Cabe señalar que la Contraloría ha venido desarrollando un proyecto piloto de Tramitación Electrónica de Documentos, en el que han participado diversos servicios públicos, esto es, la Dirección General de Aguas (DGA), el Instituto de Normalización Previsional (INP), la Dirección de Presupuestos (DIPRES), la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Cabe señalar que la Contraloría ha venido desarrollando un proyecto piloto de Tramitación Electrónica de Documentos, en el que han participado diversos servicios públicos, esto es, la Dirección General de Aguas (DGA), el Instituto de Normalización Previsional (INP), la Dirección de Presupuestos (DIPRES), la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
No hay comentarios:
Publicar un comentario